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September 30, 2011 |

El Salvador: Informe Mensual – Septiembre de 2011

El pasado 24 de setiembre, durante su discurso ante  la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el Presidente Mauricio Funes denunció el “terrorismo” y una “guerra más cruenta” que están infligiendo el tráfico de drogas y el crimen organizado en El Salvador y en el resto de la región. El mandatario hizo un llamado a los Estados Unidos para que encabece la lucha contra la “industria de la muerte”. El Presidente afirmó que “es insoslayable que el crimen organizado infiltre los órganos del Estado, en especial la justicia y los cuerpos policiales”.

En meses recientes, la rama judicial ha estado bajo un creciente grado de escrutinio y ha enfrentado los intentos de los conservadores de silenciar a los jueces de tendencia reformista dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después del fallo de la Corte en agosto, el cual evitó el arresto y la extradición de nueve ex soldados y oficiales que acusara un juez español de participar en la masacre de los jesuitas en 1989, los cuatro jueces independientes hablaron sin rodeos sobre la corrupción y el obstruccionismo que plaga a la Corte y, en efecto, a todo el sistema judicial.

Mientras tanto, también en Nueva York, la Primera Dama Vanda Pignato recibió un galardón de las Naciones Unidas por su labor en el desarrollo de Ciudad Mujer, un proyecto que se considera como modelo para las mujeres en América Latina. Asimismo, Carlos Dada, director de la publicación en línea El Faro, fue honrado con el galardón Maria Moors Cabot de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia por su “periodismo honesto y de alta calidad… en una región…en la que los medios de comunicación están altamente prejuiciados y hasta son corruptos”.

Los derechos humanos y el órgano judicial

“Es una decisión que está fundamentada en la mentira”.
Andreu Oliva, Rector, Universidad Centroamericana (UCA)

“[Somos] hijos de una Fuerza Armada; nacimos y crecimos y nos tenemos que
cobijar en nuestra madre que es la Fuerza Armada, y por eso nos fuimos para allá”.
Coronel retirado Juan Orlando Zepeda

En la mañana del 26 de agosto, los nueve ex oficiales y soldados que acusó el juez español Eloy Velasco por su supuesta participación en la masacre de los jesuitas perpetrada en 1989 salieron de una base militar ubicada en San Salvador, en la cual habían buscado refugio durante 20 días a raíz de las órdenes de arresto de la INTERPOL. La CSJ emitió un fallo en el que determinó que no se podía arrestar a estos hombres sin una orden judicial salvadoreña, alegando asimismo que no se había recibido ninguna solicitud oficial del gobierno español y que una “alerta roja” requiere la ubicación del acusado, no su detención. Hablando en nombre de la mayoría conservadora de la Corte y al referirse a las alertas de la INTERPOL, Ulises del Dios Guzmán señaló que “una difusión roja de origen extranjero no puede estar por encima de las autoridades nacionales y judiciales”. Actualmente, estas nueve personas tienen una libertad irrestricta en El Salvador, pero no en el resto del mundo debido a que las alertas rojas permanecerán en la página de Internet de la INTERPOL.

Varios de los acusados asistieron a un servicio religioso para celebrar el fallo. El Comandante retirado de la Fuerza Aérea, General Juan Rafael Bustillo, afirmó que siempre estaba listo para “mostrar la cara” porque los cargos son “una basura…una pura mentira”.  Por su parte, los dirigentes de ARENA continúan criticando la “interferencia” del tribunal español. El ex Presidente Armando Calderón Sol manifestó que “este tema ya fue superado. Lo que deberíamos hacer es defender nuestra soberanía”.

Todavía no se han clarificado las contradicciones en torno a las órdenes de arresto –ni siquiera se ha confirmado si estos hombres estuvieron bajo arresto en algún momento. A mediados de agosto, el Presidente Funes insistió en que estaban bajo custodia, pero después respaldó el fallo de la Corte, lo cual incitó a José María Tojeira, ex Rector de la UCA (la Universidad Centroamericana, lugar donde se perpetró la masacre) a expresar su “gran tristeza” frente a la postura del Presidente. Tojeira añadió que la UCA no está participando en la acusación española: “Nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y sea capaz de impartir una verdadera justicia”.

Mientras tanto, el Coronel retirado Inocente Orlando Montano, que también está incluido en la lista de la INTERPOL, todavía se encuentra en Massachusetts después de su detención en agosto pasado debido a cargos migratorios. A Montano se le liberó bajo fianza y lleva puesto un brazalete electrónico. Todavía no se ha anunciado públicamente la fecha de la audiencia, pero Montano podría enfrentar su extradición hacia España.

El 14 de setiembre, otros siete ex oficiales acusados y citados por el juez Eloy Velasco tampoco se presentaron a una audiencia en Madrid. El abogado defensor Lisandro Quintanilla señaló que los acusados no se presentaron “porque los iban a capturar en España y no tienen el dinero para pagar la fianza que pide el juez”. Después, el juez Velasco solicitó la acción de la INTERPOL. Por ello, el 20 de setiembre, la Policía Nacional Civil de El Salvador recibió órdenes de arresto para cinco de los acusados. Según el Inspector de la PNC, Howard Cotto, las alertas rojas se enviaron con prontitud a la Corte Suprema. Asimismo, Cotto explicó que no se podía arrestar a los hombres “de acuerdo a la resolución de la Corte [en agosto].”  Se había programado que los jueces debatieran el caso el 27 de setiembre; sin embargo, se pospuso la reunión porque no hubo quórum en la Corte. Durante las próximas semanas, podría surgir otro circo jurídico en El Salvador. (Se adjunta una lista actualizada de las órdenes de captura).

Según la opinión del abogado acusador Manuel Ollé, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, El Salvador violó tanto los procedimientos de la INTERPOL como su tratado de extradición con España. Ollé señaló que el lenguaje jurídico “no sólo no es equívoco, sino absolutamente claro para todos los países. Estos son los [crímenes] más serios y aberrantes que pueden cometerse… y no pueden quedar impunes”.  Ollé explicó que según el derecho internacional, si no se extradita a los acusados, se les debe enjuiciar en El Salvador. Por su parte, el gobierno español criticó la “falta de expresión de reciprocidad” en las extradiciones y se rehusará a extraditar a Joaquín Alviz, acusado de corrupción en El Salvador.

“Cuando la justicia y la política se mezclan, la justicia se prostituye”.
Belarmino Jaime, Presidente de la Corte Suprema

Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema considerada como de tendencia moderada, reconoció que hubo “eventos un poco irregulares” en el fallo sobre el caso jesuita y manifestó que “estamos conscientes que esto fue una mal señal,  fue un error porque el país ha quedado mal a nivel internacional”. Según la opinión del juez Florentín Meléndez, la decisión también violó el Código Penal salvadoreño, el cual exige un arresto inmediato como respuesta a una alerta roja.

Durante semanas recientes, los cuatro jueces independientes de la Sala de lo Constitucional han sido francos en sus críticas al órgano judicial. Rodolfo González manifestó que “la politiquería afecta la independencia de los jueces”. Por su parte, Belarmino Jaime, quien también se desempeña como presidente de la Sala, señaló que “ha sido bastante visible que muchas veces, por sobre los intereses del país están los intereses de los partidos”. Según el magistrado Sidney Blanco, se han presentado cientos de quejas contra jueces de tribunales inferiores, pero es difícil avanzar debido a la negativa de algunos de los jueces de la Corte Suprema.

El magistrado Florentín Meléndez acusó directamente a Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal, de encabezar al grupo de jueces de la Corte Suprema que obstaculizan constantemente los esfuerzos dirigidos a depurar el órgano judicial de magistrados, notarios y abogados corruptos. El juez Meléndez aseveró que “esto es insostenible. La ciudadanía está esperando con todo derecho que se sanee el órgano judicial… Si no se sanea, no podemos tener una justicia rápida, eficaz y cumplida, como nos manda la Constitución”.

De las  900 quejas presentadas contra jueces de tribunales inferiores, la Corte Suprema sólo ha deliberado 19 casos desde enero del 2010. Durante los últimos dos años, se ha acusado a seis magistrados de juzgados menores de tener vínculos con el crimen organizado, pero todavía no se ha resuelto ningún caso. Un total de 8 de los 15 magistrados de la Corte deben estar de acuerdo para poder emitir fallos.  Los jueces independientes afirman que entre las tácticas de retraso se encuentran el filibusterismo y el abstencionismo.

Según el Ministro de Defensa, David Munguía Payés, los criminales se escapan de los procesos judiciales porque el sistema “no está funcionando bien”. La Embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, se unió a quienes se preocupan por el órgano judicial y explicó que los Estados Unidos está trabajando con el gobierno salvadoreño para combatir la corrupción: “Estamos comprometidos con un estado de derecho y el gobierno también”.

El Fiscal General Romeo Barahona también es responsable de perpetuar la impunidad. Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), señaló que la gestión de Barahona ha sido inepta y que su negligencia ha favorecido al crimen organizado. Según la magistrada Mirna Perla, los criminales transnacionales y de cuello blanco continúan gozando de impunidad: “Hay serias evidencias de que el crimen organizado en vez de ir retrocediendo va ganando más poder y eso es preocupante”. La magistrada explicó que la situación no está cambiando porque el Fiscal General no está entablando acciones judiciales contra estos crímenes.

En el 2012, la Asamblea Nacional revisará la gestión de los magistrados. Mientras tanto, existe la opinión en El Salvador de que el país debe formar parte de Corte Penal Internacional (CPI). El Presidente de la Asamblea y diputado por el FMLN señaló que “El Salvador no puede ir en contra de la corriente mundial que elimina la impunidad”. Reyes considera que la atmósfera en la Asamblea Nacional es “favorable” para aprobar los Estatutos de Roma que establecen la CPI e instó al Presidente Funes a enviar una propuesta a la legislatura para su ratificación.

“La verdad es muy importante para el futuro de la nación.”
Obispo Auxiliar Gregorio Rosa Chávez

Los historiadores consideran que el asesinato del Arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980 es el acontecimiento que desencadenó una guerra generalizada. No obstante, durante 31 años, la identidad del certero francotirador que apretó el gatillo ha desconcertado a los investigadores. Por fin podría identificársele como Marino Samayoa Acosta, ex miembro de la Guardia Nacional (GN).

El 9 de setiembre, el periódico salvadoreño Diario Co Latino (DCL) dio a conocer la historia con base en información “cercana a los círculos de Roberto D’Aubuisson,” fundador de ARENA y quien fuera nombrado por la Comisión de la Verdad como el líder de la conspiración para asesinar al arzobispo. Acosta, el supuesto tirador, era Primer Sargento de la Sección de Inteligencia de la GN (Sección II) y miembro del equipo de seguridad del Coronel Arturo Armando Molina, Presidente entre 1972 y 1977.

Según la fuente, sólo habían dos buenos francotiradores en El Salvador en los años 70: Acosta y “el chato Castillo”, de la Policía Nacional, el cual fue el tirador responsable de asesinar a docenas de estudiantes universitarios durante una manifestación el 30 de julio de 1979.

Los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el hecho de que Roberto D’Aubuisson ordenó el asesinato del Arzobispo Romero fueron corroborados por Amado Antonio Garay Reyes, conductor de uno de los co-conspiradores de D’Aubuisson’s, durante una audiencia en San Salvador celebrada en 1987. Según Garay, D’Aubuisson asignó la responsabilidad operativa del asesinato a los capitanes Eduardo Ávila y Álvaro Rafael Saravia.  Ávila murió en 1994 bajo circunstancias misteriosas, mientras que según una entrevista con El Faro que se publicó el año pasado, Saravia se encuentra en Honduras. El arma asesina, un rifle calibre 22, pertenecía al Capitán Ávila.

Garay testificó que nunca supo la identidad del francotirador, pero lo describió como un hombre con barba, “hecho de hielo…muy calculador”, a quien se le encomendó esta tarea por recomendación de Mario Molina, hijo del ex presidente.

El supuesto asesino desapareció después del asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980. Si todavía está vivo, actualmente Marino Samayoa Acosta tendría 62 años. El Obispo Auxiliar Gregorio Rosa Chávez señaló que la Iglesia Católica ha perdonado a todos los involucrados en el caso e instó a Samayoa Acosta a presentarse: “Valoraríamos muchísimo su contribución. La Iglesia no tiene rencor ni odio… pero no podemos prescindir de la verdad”. El Obispo Auxiliar aseveró que el Arzobispo Romero “sigue marcando el camino de la gente, aún en la que no cree en Dios”.

Nunca nadie ha enfrentado un proceso criminal en este caso. Según el Director de Tutela Legal, que es la oficina de derechos humanos de la Iglesia Católica, cualquier acción jurídica debe ser autorizada por la jerarquía de la Iglesia. Ovidio Mauricio González afirmó que “el sistema de justicia (salvadoreño) nunca actuará para esclarecer el asesinato de Monseñor Romero. Sólo nos quedan las instancias internacionales”. Por su parte, el Arzobispo José Escobar Alas dijo que la Iglesia está analizando cuidadosamente las opciones jurídicas con base en esta nueva información: “No nos vamos a dar prisa, pero si estamos valorándolo”.

La seguridad y el crimen organizado

“El Salvador…es un socio fundamental en nuestros esfuerzos para destruir la
amenaza que representan las pandillas y el crimen transnacional organizado”.
Secretaria de Estado, Hillary Clinton

El 16 de setiembre, se añadió a El Salvador a la lista de la Casa Blanca que incluye a los 22 principales países productores o transbordadores de drogas, los cuales son “vulnerables al comercio de drogas”.  En su discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente Funes reconoció que los carteles poseen más dinero e influencias que los propios gobiernos de los países en donde operan.

El 23 de setiembre, durante una reunión en Nueva York que se celebró como seguimiento a un encuentro efectuado en Guatemala en junio anterior, la Secretaria de Estado Clinton conversó con el “Grupo de Amigos de Centroamérica”, que incluye a representantes de nueve países, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. El grupo debatió la ejecución de proyectos en la región para combatir y prevenir el crimen, fortalecer las instituciones democráticas y prestar asistencia en la rehabilitación y las prisiones. Los proyectos incluirán iniciativas para aumentar el acceso a la tecnología, la asistencia técnica y los recursos financieros. La Embajadora Mari Carmen Aponte señaló que el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, quien auspició la reunión, mostró un “buen liderazgo y el serio compromiso que ambos países tenemos en la lucha contra la inseguridad de la región”. La Embajadora Aponte añadió que la inclusión de El Salvador en la lista de la Casa Blanca “no significa que los esfuerzos realizados por el país contra el narcotráfico no sean contundentes… Todos nos vemos vulnerados por este flagelo”.

El Consejo del Senado de los Estados Unidos sobre el Control Internacional de Narcóticos emitió su informe sobre “niveles de crisis” de la violencia en Centroamérica, concluyendo que la impunidad es “el derecho común” en la región, la cual ofrece un “entorno comercial propicio” para los carteles de la droga. Entre una serie de recomendaciones sensibles y de bajo costo, el Consejo sugirió prestar apoyo a una  versión salvadoreña de la comisión investigativa en Guatemala, patrocinada por la a ONU, y apoyo a la investigación de las unidades judiciales y policíacas, al igual que a los programas de protección de testigos, jueces y fiscales.

Una de las consecuencias de la incesante violencia que está plagando a El Salvador ha sido la proliferación de cementerios clandestinos en todo el país. Desde el 2006, se han desenterrado 513 cuerpos de tumbas clandestinas, la mayoría en tierras baldías ubicadas en zonas de alto riesgo. Las autoridades forenses informaron que el 95 por ciento se trató de personas menores de 17 años, de los cuales un 85 por ciento eran mujeres. Los homicidios se atribuyen en gran parte a la violencia interna en las pandillas, en las cuales con frecuencia el blanco de las ejecuciones son las mujeres debido a su asociación con una pandilla rival. Según el técnico forense Israel Ticas, las mujeres son víctimas de una brutalidad abominable, lo que incluye violaciones, torturas y desmembramientos, mientras que por lo general se ejecuta a las víctimas masculinas con una bala en la cabeza.

Política exterior

  • A pesar de la alianza estratégica de El Salvador con los Estados Unidos y su decisión de enviar tropas a Afganistán, la administración Funes continúa fomentando una postura de política exterior no alineada a la de los Estados Unidos. En agosto, el Presidente Funes anunció su apoyo al Estado palestino y lo reiteró durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde también hizo un llamado para poner fin al embargo a Cuba, señalando que “ocasiona desunión y debilita al continente”.
  • El Salvador participará en la iniciativa denominada “Gobiernos Abiertos”, que lanzó la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su homólogo estadunidense, Barack Obama. Con el apoyo de la ONU, este programa trabajará para garantizar transparencia en la gobernabilidad y “reducir espacios para la corrupción”. Un total de 80 países reúnen los requisitos para participar y se reunirán en Brasil el próximo año.

Política

El 20 de setiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó el fallo de la Corte Constitucional de cancelar la inscripción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido de Conciliación Nacional (PCN). El PCN ha recaudado suficientes firmas para reinscribirse como Conciliación Nacional (CN), pero manteniendo el liderazgo y la composición del PCN bajo un nuevo nombre y estatus jurídico. Todavía está en tela de duda el futuro del PDC.

A sólo unos meses de las elecciones legislativas y locales, recientes encuestas conservadoras muestran que ARENA está recuperando parte del territorio perdido después de la derrota electoral del 2009 y la subsiguiente división fraccionaria del partido.

Diputados (FMLN 24,5%, ARENA 22,1%)

Alcaldes (ARENA 25%, FMLN 20,3%)

  • La encuesta de la empresa consultora Mitofsky dio al Presidente Funes un 65 por ciento de aprobación, lo que significa una disminución en comparación con el 72 por ciento que recibió en enero y el 67 por ciento en mayo.

Diputados (ARENA, 27,8%, FMLN 25,8%)

Alcaldes (ARENA 29,4%, FMLN 25,8%)

A pesar de que el vocero del FMLN Roberto Lorenzana descartó la importancia de estas encuestas por “no ser necesariamente objetivas” y por formar “parte de la campaña de los medios de comunicación en contra del FMLN” la analista de la UCA Jeanette Aguilar señaló que ella sí observa el mismo fenómeno de un nuevo apoyo a ARENA, aunque no “tan grande” como estas encuestas lo señalan y atribuyó el resurgimiento de este partido a las preocupaciones públicas sobre la seguridad y el alto costo de la vida.

Y finalmente, CIMA, una empresa encuestadora en América Latina, comunicó que Funes cuenta con un 67 por ciento de aprobación, con los siguientes índices de confianza para las instituciones estatales:

Corte Suprema (20%)

Policía Nacional Civil (27%)

Asamblea Nacional (15%)

Fuerzas Armadas (54%)

Más “WikiLeaks”: El Faro ha publicado 100 cables de la Embajada, entre ellos:

Lecturas recomendadas:

“Responding to Violence in Central America.” Consejo del Senado de los Estados Unidos sobre el Control Internacional de Narcóticos.

“Organized Crime in Central America: The Northern Triangle.” Centro Woodrow Wilson.

Insight Crime Special: The Zetas in Guatemala Publicación en línea “Insight”.

“Latin America: Dictatorships Meet Justice Decades On” Servicio Noticioso IPS.

Anexo: Lista actualizada de acusados en el caso de los jesuitas

Los diez ex oficiales militares y los hombres que solicitó el juez español Eloy Velasco el 26 de julio del 2011 por su participación en la masacre de los jesuitas (rangos que tenían en 1989):

Cnel. Juan Orlando Zepeda: Viceministro de Defensa

Gral. Rafael Humberto Larios: Ministro de Defensa

Gral. Juan Rafael Bustillo: Comandante de la Fuerza Aérea

Gral. René Emilio Ponce: EMCFA (falleció el 2 de mayo del 2011)

Cnel. Francisco Elena Fuentes: Comandante, Primera Brigada

*Oscar Mariano Amaya Grimaldi: Cabo, Batallón Atlacatl

*José Ricardo Espinoza Guerra: Teniente, Batallón Atlacatl

*Tomás Zarpate Castillo: Sargento, Batallón Atlacatl

*Antonio Ramiro Avalos Vargas: Sargento, Batallón Atlacatl

*Gonzalo Guevara Cerritos: Primer Teniente, Batallón Atlacatl

*Miembros de la Unidad de Mando BIRI Atlacatl

El 26 de julio también se emitió una orden de captura para:

Coronel Inocente Orlando Montano: Viceministro de Seguridad Pública (en Everett, Massachusetts, Estados Unidos).

Lista de órdenes de captura con fecha del 20 de setiembre del 2011:

Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores: EMCFA, Operaciones C-3

Coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar: Director de la DNI  (Inteligencia)

Coronel Oscar Alberto León Linares: Comandante del Batallón Atlacatl

Coronel Guillermo Alfredo Benavides: Director de la Academia Militar

Teniente Héctor Cuenca Ocampo: DNI (vivió en el norte de California, posiblemente bajo el programa de protección de testigos de los Estados Unidos)

Todavía no están incluidos en la lista de la INTERPOL:

Teniente Coronel Carlos Camilo Hernández Barahona: Subdirector de la Academia Militar

*Teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos: Batallón Atlacatl

*Angel Pérez Vásquez: Cabo, Atlacatl

*José Alberto Sierra Ascencio: Soldado Raso, Batallón Atlacatl

Juicio de 1991

Coronel Guillermo Alfredo Benavides (sentenciado a 30 años de prisión, liberado en 1993 bajo la amnistía)

Teniente Espinoza Guerra (tres años)

Primer Teniente Guevara Cerritos (tres años)

Teniente Coronel Carlos Camilo Hernández

Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos

Capitán José Fuentes Rodas